La ley de Aguas, un paso más hacia un México neo-porfiriano

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

En medio del agitadísimo panorama político mexicano del último mes, en el que predominó entre otras cosas, el despido de Carmen Aristegui de MVS por razones obviamente políticas (del mayor interés para el presidente), se ha perdido de vista un asunto aún más grave. Un asunto en realidad crítico que no ha recibido la atención mediática que merece.

El pasado 5 de marzo la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas Nacionales presentado por el ejecutivo. Se trata de una ley anticonstitucional que, en la práctica, abre las puertas a la privatización de la gestión del agua en el país. Las consecuencias de lo que esta ley fomenta son verdaderamente alarmantes en cuestión de acceso al agua, millones de mexicanos verán seriamente coartado este derecho humano.

En breve, los efectos de la nueva ley serán: aumento en las tarifas para los usuarios, pérdida del control real de la gestión del agua por parte de los organismos públicos para beneficiar a compañías privadas, fomento de grandes proyectos de “trasvase” para los que se seguirán desplazando comunidades enteras, y una mayor contaminación y explotación del recurso a través de actividades industriales contaminantes como el fracking.

El artículo 129 de esta ley permite la inversión privada en el sector, y asigna a los municipios y a la CONAGUA el rol de incentivar que los particulares inviertan en los sistemas de agua del país. Es decir, convierte la distribución de un recurso vital en un negocio; un derecho humano, en una mercancía.

Al mismo tiempo, el artículo 24 plantea que se deberá “estimular y fortalecer las capacidades y la autosuficiencia financiera de los prestadores de servicios públicos de agua potable” lo cual, dicho de forma más clara significa permitir a estos particulares establecer la tarifa que se les antoje para recuperar su inversión más rápido y obtener mayores ganancias.

Ya hay ejemplos de gestión del agua en manos de particulares en el país, y tristemente Saltillo es uno de ellos. Desde que Óscar Pimentel González (quien actualmente forma parte de la CONAGUA) privatizó durante su administración la gestión del agua de Saltillo, entregándola al grupo español Aguas de Barcelona. Saltillo se ha convertido en una de las ciudades con las tarifas más altas de agua, con un servicio ineficiente, y con los más altos niveles de opacidad en su manejo.

Por otro lado, la ley establece unas causas de utilidad pública ridículas entre las cuales está el transportar agua desde sus cuencas naturales hacia cuencas distantes para actividades industriales que “convengan al interés general”. En realidad, lo que esto fomenta es más proyectos del tipo del “Monterrey VI”. Vale la pena mencionar este proyecto emblemático: una mega obra multimillonaria concesionada a grupo HIGA (el mismo de la “casa blanca” de Peña Nieto) e ICA por 27 años, financiada con recursos públicos en la que se lleva agua desde el Río Pánuco en Veracruz, hacia la ciudad de Monterrey.

Esto no sólo implica que se priva a una serie de comunidades del vital líquido, y se altera el ecosistema natural del Río Pánuco, sino que los millones de litros de agua que se estarán transportando, serán empleados en actividades altamente contaminantes como el “fracking”. En México, este tipo de proyectos ya han desplazado de sus tierras a más de 185,000 personas de comunidades vulnerables.

No es casual que el gobierno de Nuevo León de Rodrigo Medina construya esta obra mientras se están proyectando cientos de explotaciones (privadas) de gas shale mediante “fracking” en dicho estado, que requerirán entre 9 y 29 millones de litros de agua cada uno. Cabe agregar, que estos millones de litros de agua quedan altamente contaminados en el subsuelo después del proceso. En cambio, la ley asigna un mínimo vital de 50 litros diarios por mexicano, que apenas alcanza el mínimo indispensable para considerar satisfechas las necesidades vitales según la propia Constitución.

Sin embargo, a pesar de que más de 40 organizaciones civiles y académicas se han manifestado en contra de la aprobación de esta ley, e incluso han propuesto una ley alternativa preparada durante tres años por especialistas, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones afirma que quienes la rechazan padecen de “lento aprendizaje”.

Después de un gobierno que ha hecho especial gala de su indolencia y desfachatez, ¿puede sorprendernos esta declaración de Beltrones? ¿No es el mismo tono arrogante y descarado con el que un procurador de justicia dice “ya me cansé” al ser cuestionado sobre la desaparición de 43 estudiantes? ¿No es el mismo tono con el que el gobierno de Peña, en voz del secretario de José Antonio Meade rechaza tajantemente el informe de la ONU sobre la tortura y el estado de los derechos humanos en México? ¿No es el mismo tono con el que Luis Videgaray se niega a hablar del evidente conflicto de interés en la compra de su mansión? ¿No es la misma desfachatez con la que Peña anuncia la designación de un pelele encargado de investigar los casos de corrupción de la administración pública a días de que Carmen Aristegui sacara a la luz el reportaje sobre la adquisición de su “casa blanca” y la asignación de contratos a grupo HIGA?

Ante este espectacular desplie- gue de descaro y prepotencia, uno se pregunta ¿en qué se basa tanta confianza? Y la respuesta es: en el uso del poder autoritario y en el apoyo electoral asegurado por una estruc- tura clientelar enorme. En efecto, el PRI puede quedarse tranquilo en cuanto a los resultados de la elección que viene, en la que quien busque el reflejo del descontento público en los resultados saldrá seguramente desconcertado. Pero que nadie se engañe, la presión en la olla sigue acumulándose, y una presión tan grande no puede contenerse dema- siado tiempo.

Pilón
El subcomandante Marcos y los zapatistas tienen el descaro de seguir emitiendo sus comunicados poéticos como el último del 2 de abril, en los que no se aborda ningún tema serio, mientras que guardan silencio ante cuestiones como la de La Ley General de Aguas Nacionales que afectará a miles o millones de indígenas en el país.